Un matrimonio mantuvo encerrado a otro para reclamar una deuda en Plottier

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El hecho ocurrió en las últimas horas en Plottier e involucró a dos matrimonios. Hubo una privación ilegal de la libertad, lesiones, el reclamo de una deuda y la exigencia de que firmen un boleto de compra venta de un terreno.

El principal imputado es un constructor de 31 años que involucró como coautora a su esposa de 21. Las víctimas son un hombre al que contrató como trabajador y su pareja. Este segundo matrimonio vive en una casa detrás de la vivienda de su empleador, en la toma Evita.

Según la acusación de la fiscal Paula González y el asistente letrado Eduardo Briguglio, el martes 16 de julio el acusado, que se llama Luis Miguel, y otro hombre aún no identificado, atacaron a golpes a su empleado Elio en reclamo de una deuda.

En su Toyota Hilux, Luis Miguel llevó a Elio hasta su domicilio, lo ató de pies y manos con precintos y lo dejó tirado en el piso. Subió a la planta alta, donde dormía la esposa Ana Isabel, la hizo bajar, y la amarró a una silla.

Se incorporó Lindamar, la pareja de Luis Miguel. Entre ambos golpearon y amenazaron a Elio  reclamando el dinero. A ella le exigían que firmara un boleto de compra venta de un terreno.

El miércoles 17, alrededor de las 17, Elio logró desatarse pero su empleador lo volvió a reducir.

Los familiares de las víctimas intentaron comunicarse con ellos, y el secuestrador contestó los llamados. También con su celular grabó a Elio maniatado y golpeado, y le mandó el video a un sobrino.

Ante semejante panorama, familiares de Elio y Ana Isabel se presentaron en la vivienda donde los tenían retenidos. Luis Miguel los dejó pasar, y luego permitió que sus víctimas se retiraran con la promesa de firmar el dichoso boleto de compra venta.

En vez de eso, fueron a la comisaría Séptima a presentar la denuncia y comenzó la investigación.

Por considerar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, en función de la conducta que desplegaron las dos personas acusadas, y para proteger a las víctimas, la fiscalía solicitó la prisión domiciliaria por cuatro meses y la prohibición total de contacto respecto de víctimas y de su grupo familiar.