Neuquén.- El fiscal del caso de Delitos Económicos, Juan Narvaez, y el fiscal jefe Pablo Vignaroli solicitaron que 8 de las personas acusadas por integrar una asociación ilícita destinada a cometer estafas mediante el cobro indebido de planes de desempleo sean declaradas responsables.
Fue mediante una serie de acuerdos entre la Fiscalía y quienes tuvieron participaciones de menor responsabilidad en la causa. La resolución se conocerá el miércoles cuando la jueza se expida en audiencia pública.
Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; y Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo son algunos de los acusados. También se suman el ex ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y el ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler.
Los acuerdos de condena comprenden a A.A.M.L; R.A.L; V.N.H; P.A.C; R.G.T; P.A.R; G.R.M; y C.H, quienes en la asociación ilícita tenían como tarea extraer dinero de los cajeros automáticos o cobrar cheques, para luego entregarlo a los imputados Néstor Pablo Sanz o Marcos Ariel Osuna, quienes lo rendían a Ricardo Soiza. Sólo uno de estos imputados desplegó otro tipo de conducta, al haber cobrado el alquiler de autos por fuera de lo que indica la ley de administración financiera y mediante cheques que se nutrían del dinero destinado al subsidio por desempleo.
En todos los casos, las condenas acordadas son por 3 años de prisión condicional, además del cumplimiento de reglas de conducta y la realización de entre 8 y 12 horas de trabajos comunitarios mensuales, durante el mismo período.
Criterio de oportunidad
Con el fin de permitir que el juicio se realice sobre quienes tuvieron la mayor responsabilidad en las maniobras desplegadas y en la organización y conducción de la asociación ilícita, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento de otras seis personas acusadas que tuvieron participaciones menores pero que, además, aportaron información necesaria para la investigación. Fue mediante la aplicación del criterio de oportunidad que tuvo el aval de la jueza Carina Álvarez, una solución que prevé el Código Procesal Penal de Neuquén y que permitirá que sean testigos en el juicio.
A todas las personas acusadas en la causa se les imputa el delito de asociación ilícita en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por uso de tarjeta de crédito sin autorización del titular, 9.303 hechos en concurso real, en calidad de coautores (artículos 210; 173, incisos 5 y 15; 45 y 55 del Código Penal). La diferencia en las imputaciones tiene que ver con la función en la asociación y la escala en la participación: con cinco niveles en una estructura piramidal, las personas sobreseídas ocuparon los lugares más bajos y cumplieron órdenes de los jefes, quienes organizaron y coordinaron las estafas desde la cúspide de esa pirámide.
Prisión domiciliaria
Luego de los sobreseimientos y de la presentación de los acuerdos, el defensor del imputado Ricardo Soiza, que también es imputado en la causa, solicitó que la prisión preventiva que cumple el exfuncionario se transforme en una detención domiciliaria. La jueza informó que dará su resolución dentro de las 24 horas.