El juez de garantías Juan Manuel Quez tomó la decisión de prohibir al Ministerio de Seguridad de Neuquén que ingrese nuevos condenados a las comisarías del área capital a partir del 4 de marzo. La medida surge en un contexto de hacinamiento extremo en las dependencias policiales, donde se encuentran alojadas 147 personas en espacios diseñados para apenas 41.
Raúl Caferra, defensor público del Ministerio de la Defensa, explicó que la resolución es la consecuencia de años de deterioro del sistema penitenciario provincial. «No se previeron circunstancias como el crecimiento de la población y el aumento de la tasa de encarcelamiento. En los últimos diez años, la cantidad de personas privadas de su libertad se ha duplicado, pero no se han realizado inversiones ni tomado previsiones para atender esta situación», señaló en comunicación con Mañanas en Red.
El problema radica en que las unidades penitenciarias también están sobrepobladas. En 2022, se establecieron cupos máximos en las unidades 11, 12 y 16 de la ciudad de Neuquén. Sin embargo, al superarse esos límites, los nuevos condenados fueron derivados a las comisarías, generando un colapso en las instalaciones policiales.
Desde la Defensa Pública se interpuso un habeas corpus para denunciar las condiciones inhumanas en las que se encuentran los detenidos. «Las personas duermen en el piso, sin espacio adecuado y en condiciones indignas», describió Caferra. Además, cuestionó la falta de información sobre los fondos destinados a la emergencia carcelaria, aprobada por la Legislatura el año pasado con un presupuesto de 50 millones de dólares. «Pedimos reiteradamente informes al Ministerio de Seguridad sobre el uso de esos fondos, pero nunca recibimos una respuesta oficial», denunció.
La situación se agrava por la ausencia de un plan concreto para resolver la crisis penitenciaria. Si bien la provincia entregó un nuevo penal con capacidad para 600 personas, su puesta en funcionamiento no ha sido acompañada por medidas para aliviar el hacinamiento en el corto plazo. «Desde diciembre, no se han creado nuevas plazas carcelarias», advirtió Caferra.
La decisión judicial establece un límite claro: sin mejoras en la infraestructura carcelaria, no se permitirá que las comisarías sigan funcionando como prisiones improvisadas. Ahora, la responsabilidad recae en el Ministerio de Seguridad, que deberá presentar una solución viable antes del 4 de marzo.
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