Este miércoles, la Legislatura de Neuquén aprobó, por mayoría y en general, la ley que reglamenta la Consulta Popular vinculante y no vinculante.
La ley, que habilita los artículos 310 y 311 de la Constitución provincial reformada en 2006, fue aprobada con 26 votos a favor. Los bloques de izquierda y Unión por la Patria, que había presentado un dictamen de minoría, votaron en contra.
El proyecto, producto de un dictamen de mayoría, fue presentado por los diputados Claudio Domínguez (MPN), Francisco Lepore (Avanzar) y Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén), y llegó al recinto con algunas modificaciones tras su paso por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto.
El artículo segundo de la ley establece que el objetivo de la consulta es «incentivar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas», garantizando accesibilidad, seguridad y transparencia en los procedimientos regulados por esta normativa.
Un aspecto clave de la ley es la regulación de la consulta vinculante. El artículo tercero señala que la Legislatura puede incluir en una ley la convocatoria a consulta popular vinculante, siempre que sea aprobada por mayoría absoluta de los miembros presentes. En su versión original, el texto prohibía que el Poder Ejecutivo vetara la convocatoria, pero este punto fue eliminado en el trabajo en comisión.
Si la consulta es vinculante, el proyecto de ley deberá ser presentado en su totalidad y la pregunta deberá formularse de manera clara, permitiendo una respuesta categórica de «Sí» o «No».
Según el artículo sexto, si una ley es ratificada mediante una consulta vinculante con una respuesta afirmativa («Sí»), el Poder Ejecutivo no podrá vetarla, y esta se promulgará automáticamente. Si el resultado es negativo («No»), el proyecto no podrá ser reconsiderado durante dos períodos legislativos.
El voto en consultas vinculantes será obligatorio y quienes no cumplan estarán sujetos a las sanciones de la Ley Electoral provincial. El sistema de votación podrá realizarse a través de Boleta Única Electrónica o en papel, garantizando la confidencialidad y la integridad del proceso.
El bloque de Unión por la Patria, representado por los legisladores Lorena Parrilli y Darío Peralta, había impulsado un dictamen alternativo que no prosperó en el recinto. Su propuesta incluía la creación de una Comisión de Participación Ciudadana, con representación de la Legislatura, el Ejecutivo, organizaciones sociales y la ciudadanía, encargada de redactar la pregunta de la consulta.
Además, este dictamen prohibía convocar consultas populares junto con elecciones a cargos públicos y limitaba el financiamiento privado en las campañas relacionadas con la consulta.