Neuquén.- En la Argentina, el Régimen Penal de Minoridad, promulgado en 1980, durante la última dictadura militar, estableció que la edad de imputabilidad es a los 16 años, es decir, que los menores de esa edad no pueden ser juzgados.
Sin embargo, los adolescentes de entre 16 y 18 años tampoco son juzgados por el mismo sistema que los adultos. Sólo son punibles (es decir, que merecen castigo) aquellos que cometan delitos con penas mayores a 2 años (por ejemplo, homicidios dolosos) pero recién pueden empezar a cumplir su pena en una cárcel a los 18 años. Hasta ese momento, estos menores pueden estar privados de su libertad en institutos especializados llamados Centros de recepción y contención de menores.
Desde el gobierno de Javier Milei impulsan la baja de la imputabilidad en el Congreso de la Nación. Sin dudas el tema genera debates y una referente en infancias fue consultada en el aire de La Red Neuquén.
Mónica Bell, pediatra e integrante del Foro en Defensa de la Ley 2302, manifestó que la iniciativa va en contra de la Constitución Argentina y los tratados firmados por el país a nivel mundial.
«Queremos enviar a pibes de 13 años a las cárceles, donde los adultos las catalogamos como las escuelas de la delincuencia. Es una contradicción tras otra esta situación», opinó la doctora.
Además, remarcó que los niños y menores «tienen más derechos y deberían ser respetados, vivir en ámbitos de amor y crecer con educación y alimentos».
En este marco, Bell lamentó que en los últimos años «las personas adultas abandonaron la responsabilidad de criar, las adicciones en madres, padres y abuelos generan que el chico desde muy pequeño crezca sin ninguna supervisión».
«Así es como comienzan los consumos problemáticos en niños y niñas chicas. Hoy existen registros de chicos de 10 años con consumos, entonces desde un principio la situación es tremenda», cerró.