Diputados de distintos bloques políticos presentaron un proyecto de ley para implementar exámenes toxicológicos obligatorios a funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a integrantes de las fuerzas de seguridad. La iniciativa busca garantizar la idoneidad y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, estableciendo controles periódicos y procedimientos administrativos para evaluar los casos positivos.
La propuesta, firmada por Francisco Lepore (Avanzar), Matías Martínez (Comunidad), Carina Riccomini (Juntos), y Gabriel Álamo y Claudio Domínguez (MPN), ingresó a la Legislatura provincial el 10 de marzo bajo el expediente 17482. Establece que los exámenes se realizarán al menos tres veces al año, de manera aleatoria y bajo estrictos protocolos de confidencialidad, en instituciones públicas de salud o laboratorios autorizados.
El alcance de la ley incluiría al gobernador, vicegobernador, ministros, legisladores provinciales, jueces, fiscales, personal policial, del Servicio Penitenciario, intendentes y concejales de municipios que adhieran a la normativa. Los candidatos a cargos electivos deberán presentar resultados negativos al oficializar sus listas.
En caso de detección de sustancias prohibidas, no habrá sanciones automáticas, sino que se abrirá un proceso administrativo para evaluar la situación. Dependiendo del caso, se contemplarán cuatro posibles escenarios: licencia médica obligatoria, rehabilitación sin goce de haberes en casos de dependencia, reevaluación de la aptitud para el cargo tras completar el tratamiento, y sanciones proporcionales que podrían incluir la suspensión o remoción en casos de reincidencia o negativa a recibir tratamiento.
El Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación y creará una comisión evaluadora independiente encargada de emitir los certificados de aptitud toxicológica. Los legisladores fundamentaron la propuesta en la necesidad de garantizar que los servidores públicos puedan tomar decisiones libres de influencias que afecten su capacidad de gestión.
Con este proyecto, Neuquén se suma a la tendencia de reforzar los controles sobre los funcionarios públicos, buscando fortalecer la confianza ciudadana y la transparencia institucional.