Brasil.- La oposición brasileña pretende llevar este domingo a las calles del país a millones de personas para protestar contra la presidenta Dilma Rousseff, cuya popularidad ha caído a un escaso 8% en medio de una creciente crisis política y económica.
Las manifestaciones convocadas para este domingo serán las terceras desde que Rousseff asumió el segundo mandato para el que fue reelegida en octubre de 2014 y que inició el 1 de enero pasado.
En los siete meses y medio de su nueva gestión, el apoyo a Rousseff ha caído en picada, herido por un colosal escándalo de corrupción en la estatal Petrobras, una fragmentación de su base parlamentaria y la economía al borde de una recesión.
Las protestas de este domingo pretenden repetir lo ocurrido en marzo y abril pasados, cuando la crisis política y económica todavía no era tan evidente, pero aún así cerca de dos millones de personas manifestaron en las calles su mal humor con la presidenta.
Con manifestaciones previstas en 239 ciudades, los líderes de los diferentes movimientos pretenden superar el número de protestantes registrados en las últimas protestas contra Dilma, en abril pasado.
Desde esas últimas protestas, las investigaciones en Petrobras han llegado más cerca del Gobierno y del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenecen Rousseff y su antecesor y padrino político, Luiz Inácio Lula da Silva.
Entre las decenas de detenidos por ese asunto, que salpica a una veintena de grandes empresas privadas, figuran el exministro José Dirceu, «hombre fuerte» del primer mandato de Lula, así como el extesorero del PT, Joao Vaccari.
La Policía investiga si parte del dinero desviado de Petrobras, que la empresa calcula en unos 2.000 millones de dólares durante la última década, llegó a la campaña electoral de Rousseff en 2014.
La investigación abarca a medio centenar de políticos, casi todos de la base oficialista y que, según la Fiscalía, habrían amparado lo que la oposición califica de «saqueo» a la petrolera.
Entre las decenas de grupos que convocan las manifestaciones hay sectores que exigen sin pelos en la lengua el inicio de un juicio con miras a la destitución de Rousseff, lo que el Gobierno y los partidos políticos que lo apoyan califican de «maniobras golpistas».