El presidente decidió, a través de la nueva administración de la Inspección General de Justicia (IGJ), eliminar las cuatro resoluciones que obligaban a las empresas, asociaciones civiles, fundaciones y sociedades anónimas a tener igual cantidad de hombres y mujeres en sus directorios.
La decisión de tener cupos de género obligatorios había sido impulsada por Alberto Fernández entre 2020 y 2021 e ideadas por el extitular de la IGJ, Ricardo Nissen.
La medida generó cuestionamientos en algunas cámaras empresariales, que presentaron recursos de queja que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Cuando se publicó la resolución, solo eran 10,3% las mujeres de los miembros de directorio de las 1000 empresas más grandes de la Argentina, según un estudio de KPMG. Tres años más tarde, la consultora revelaba que el porcentaje había llegado a 17,5%.