Neuquén.- El fiscal del caso Marcelo Jara requirió que dos efectivos policiales, Mayra Natalia Cruz y Claudio Nicolás Gajardo Cid, junto a un tercer involucrado que no integra la fuerza, sean juzgados por defraudar a la administración pública mediante la confección y presentación de certificados médicos apócrifos en la Policía de Neuquén. También acordó que 23 efectivos policiales accedan a la suspensión de juicio aprueba, por presentar dichos certificados.
Los delitos que el fiscal del caso les atribuyó a Cruz y Gajardo Cid son defraudación especial doblemente agravada por ser cometida en perjuicio de la administración pública y por ser funcionario público en concurso ideal con falsificación de documento privado en concurso real. En relación a Cruz, reiterado en 91 hechos en calidad de partícipe necesaria y 4 hechos en carácter de autora y en cuanto a Gajardo Cid, 4 hechos en calidad de partícipe necesario y 5 hechos en carácter de autor.
Con respecto a la persona ajena a la fuerza, Jara le atribuyó el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública en carácter de partícipe necesario, reiterado en 22 hechos en concurso real.
La teoría del caso del Ministerio Público Fiscal es que entre abril de 2016 y septiembre de 2019, Cruz, Gajardo Cid y A.O.H, confeccionaron y entregaron certificados médicos apócrifos que luego fueron presentados por efectivos de la Policía de Neuquén. El perjuicio económico causado a la administración pública de la provincia supera los 300 mil pesos.
Los 23 efectivos policiales que presentaron los certificados resolvieron su situación acordando cumplir suspensiones de juicio a prueba que comprenden el cumplimiento de una serie de obligaciones entre las que se encuentran: la realización de un pago para resarcir el perjuicio ocasionado al Estado (a la Policía de Neuquén), donaciones mensuales al hospital Castro Rendón e instituciones benéficas de la ciudad, comparendos mensuales, obligación de no cometer nuevos delitos y fijar domicilio, entre otras.
El juez de garantías a cargo de dirigir la audiencia, hizo lugar al requerimiento de la fiscalía en relación a los tres imputados y elevo el caso a juicio. Además, el magistrado avaló los acuerdos por los cuales se fijaron las suspensiones de juicio a prueba.