El acuerdo al que arribaron el sindicato judicial y el Tribunal Superior de Justicia de la provincia desató un cruce de acusaciones entre Sejun y la Asociación de Magistrados y Funcionarios (AMyF).
Dentro de lo propuesto por la patronal se incluyeron dos ítems de sumas fijas que no le corresponden a categorías MF1, 2 y 3 que son jueces y funcionarios/as; quienes manifestaron “malestar”.
En una carta dirigida al gremio aseguran que se trata de un aumento diferenciado que no tiene en cuenta la responsabilidad que les compete los distintos cargos, ni el trabajo extra cuando cubren a quienes hacen paro y que surgen casos donde un administrativo/a cobra lo mismo o más que un funcionario o funcionaria.
Sejun respondió punto por punto. Sobre quienes cubren tareas cuando hay medidas de fuerza señala que les son pagadas sumas extras por tareas extraordinarias; sobre los casos que cobran más por tareas con menos responsabilidad, el gremio asegura que son pocos los casos y que “son trabajadores/as que llegaron a las categorías superiores rindiendo, en algunos casos con títulos universitarios y con mucha antigüedad; obviamente no tienen firma, pero su trabajo lo realizan con la toda la responsabilidad funcional requerida en el puesto laboral concursado”.
Lo más destacado de la respuesta del sindicato es el uso de la palabra “codicia”; concepto con el que mucha gente coincide al hablar de los salarios de jueces y funcionarios/as.
Los salarios de jueces, con antigüedad y algunos ítems, pueden llegar a los 18 o 20 millones de pesos. Cabe preguntarse ¿cuánto afecta no cobrar esas sumas fijas que apenas superan el millón?.
El punto de roce principal son las categorías más altas del escalafón administrativo comparadas con las categorías más bajas del escalafón de funcionarios. Hay cargos jerárquicos con antigüedad que van a cobrar las sumas fijas cuando sus sueldos mensuales netos son superiores de lo que cobra de bolsillo un funcionario de las primeras categorías (hasta cerca de MF4 qué son fiscales y defensores). Hay cargos de la máxima categoría que con 25 años de antigüedad cobran 5 millones bolsillo, frente a funcionarios con categorías intermedias que cobrar menos de 4 millones.
