El incremento en el consumo de gas residencial, considerado prioritario, llevó a las distribuidoras a cortar el suministro a estaciones con contratos interrumpibles. El Gobierno declaró una «preemergencia» y licitó combustible líquido por USD$500 millones para enfrentar la crisis.
Buenos Aires y Capital Federal son las zonas más afectadas, aunque también hay problemas en otras provincias. Esta situación se agrava por la demora en la plena operatividad del Gasoducto Néstor Kirchner y las políticas de subsidios gubernamentales.
Con temperaturas bastante más bajas de las previstas, el Gobierno envió una carta a las distribuidoras de gas pidiendo la identificación de contratos interrumpibles. Esto refleja la preocupación por la capacidad de abastecimiento en invierno, ya que el suministro desde Bolivia podría cortarse y la infraestructura de transporte de gas está parada por el freno que le puso el gobierno nacional a la obra pública.