Buenos Aires.- El presidente Alberto Fernández y Pfizer-BioNTech acortaron las distancias legales para cerrar un contrato comercial que permita la provisión urgente de 1.500.000 de vacunas contra el COVID-19 entre enero y marzo.
Para llegar a ese acuerdo, Fernández recibió en Olivos al gerente general de Pfizer, Nicolás Vaquer, y al director científico de la Fundación INFANT, Fernando Polack.
El Presidente y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, exploraron las posibilidades jurídicas para encontrar una solución a los planteos de Pfizer y a su vez preservar los derechos propios del Estado Nacional. En este contexto, el camino del acuerdo comercial con Pfizer será a través de un artículo específico que explicitará los alcances jurídicos de la negligencia atribuible al conglomerado farmacéutico que ya vende vacunas en Estados Unidos, Europa y América Latina.
Alberto Fernández e Ibarra conocen muchísimo de derecho penal y de la responsabilidad jurídica del Estado, y acordaron diseñar una norma que proteja al país de la eventual negligencia de Pfizer y que a su vez reconozca los derechos propios de la compañía que opera desde hace décadas a nivel global.
La clave de la encrucijada jurídica está en el artículo 4 de la Ley de Vacunas que el Congreso sancionó a instancias del Poder Ejecutivo. Ese artículo establece que Pfizer no será responsable por sus dosis en la Argentina ”con excepción de aquellas (acciones) originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia”.
Esta norma fue impuesta por la diputada opositora Graciela Camaño y en la Casa Rosada están de acuerdo con su hermenéutica y espíritu doctrinario. Sin embargo, Alberto Fernández intenta demostrar que hay buena fe en la negociación y le pidió a la secretaria Ibarra que encuentre un punto de contacto jurídico entre los intereses nacionales y las pretensiones de Pfizer.