Neuquén.- La norma consagra derechos y garantías de la educación, fijando los lineamientos generales de lo que será una ley marco de la cual se desprenderán cuatro leyes específicas que se sancionarán el próximo año. Se trata de leyes financiamiento educativo, educación intercultural, educación de gestión privada y un observatorio para monitorear la calidad de la educación. La ley define a la educación y el conocimiento como un derecho personal y social, y un bien público y determina que ambos son una obligación indelegable del Estado provincial. La 34° sesión ordinaria comenzó pasadas las 15 bajo la presidencia de la vicegobernadora Ana Pechen y la participación de 34 diputados. También presenciaron el debate la ministra de Gobierno, Educación, Zulma Reina; la secretaria de la cartera, María Pasqualini; y el subsecretario y titular del Consejo Provincial de Educación (CPE), Oscar Compañ.
Entre otros puntos, la ley – que consta de 113 artículos -establece la obligatoriedad escolar desde los 4 años de edad hasta la finalización de la secundaria y señala que las actividades pedagógicas estarán a cargo de personal docente titulado. A la vez, crea un Consejo Consultivo por institución, que estará integrado por representantes del cuerpo directivo, docentes, no docentes, estudiantes y padres, y cuyos dictámenes no serán vinculantes.
Luego de tres horas y media de debate, con 21 intervenciones, Pechen remarcó que la ley se construyó desde la consulta, con el trabajo de los diputados y los asesores. Aprobaron la ley los bloques MPN, PJ, UCR, NCN, CC ARI, Nuevo Neuquén, FyM, FG –NE, FyPN, MID y UP. En tanto, votaron en contra los bloques Upie, Libres del Sur y FIT.
Como miembro informante, la diputada Silvia De Otaño (MPN) historió el proceso de gestación de la ley y expresó que se inició en 2010 “con sospechas políticas y dudas partidarias”. Agregó que producto del devenir y la construcción, “se convirtió en una ley de todos y no de un partido en particular”. Recalcó que la norma se elaboró en base a 4 proyectos de ley orgánica presentados, 307 propuestas de ciudadanos y las conclusiones del Congreso Educativo realizado el pasado mes de octubre.
Daniel Baum (UP) calificó la ley como una ampliación de derechos y destacó que la creación del observatorio permitirá mejorar la calidad educativa. Se preguntó si la sanción de una ley garantiza por sí misma una buena educación y en ese sentido, pidió no confundir el marco jurídico con las políticas públicas que se derivarán de la ley.
La diputada María Angélica Carnaghi (MPN) destacó la movilidad de los estudiantes en el nivel secundario que incorpora la nueva ley y los nuevos perfiles profesionales para el mismo nivel. José Russo, del mismo bloque, indicó que la ley demuestra que “a los neuquinos nos interesa ser mucho más que una Vaca Muerta”. Desde el MID, Ricardo Rojas rescató el compromiso para lograr la accesibilidad, permanencia y egreso del sistema educativo, para lo cual se requiere “una buena reglamentación y una fuerte decisión política”.
Por NCN, Manuel Fuertes consideró que la educación “es el punto central de la equidad” y recalcó el derecho de los padres a elegir la educación de sus chicos. “Es la mejor ley que supimos conseguir los legítimos representantes del pueblo de la provincia, incluso autoimponiéndonos una mayoría agravada”. Sergio Rodríguez –PJ- subrayó la modalidad de consenso de la ley y la apertura en la elaboración.
Pamela Mucci –FPyN- citó la Declaración de los Derechos Humanos en el sentido que “solo con educación se le da calidad a los seres humanos”. Con respecto a la participación en la ley acotó que “es preferible poner los pies en el plato y discutir, que cacarear desde afuera”. Desde el PJ, Amalia Jara dijo que lo importante es que se pueda llevar la ley a la práctica y en el aspecto normativo reivindicó los artículos que impiden ejercer la docencia a personas condenadas por delitos de lesa humanidad, contra el sistema democrático y contra la integridad sexual.
Raúl Dobrusin –Upie- explicó su voto negativo en la pertenencia política a un sector que decidió no participar y consideró que la ley no tiene nuevos contenidos; “es una ley para escuelas y no una ley de educación; es para lo que está y no para lo que viene”. Luis Sapag –MPN- dijo que la ley marca un camino y anticipó que en el tratamiento en particular defenderá la posición de considerar a la educación como un servicio esencial, tal como lo establece la legislación internacional.
Gabriel Romero –UP- destacó que la ley es moderna, progresista, inclusiva y acorde a los tiempos actuales. Raúl Podestá –FG NE- reclamó el seguimiento y cumplimiento de la ley y de eventuales defectos y deslizó la duda sobre la voluntad de cambio en estamentos del Ejecutivo.
Beatriz Kreitman –CC ARI- sostuvo que la ley “seguramente no va a resolver todos los problemas pero peor es no discutir” y defendió la idea de la escuela como una integralidad. Su par del PJ, Pablo Todero señaló que los artículos referidos al financiamiento -97 a 101- responden a las conclusiones del Congreso Educativo y subrayó que no afectan los artículos 114 y 115 de la Constitución Provincial que destinan el 30% de las rentas generales de la provincia a educación y crean un fondo permanente.
Desde el FIT, Gabriela Suppicich argumentó su voto negativo en que el debate educativo no fue abierto ni participativo, por la ausencia del gremio docente, y opinó que la ley no garantiza el presupuesto necesario para la educación pública. Por Libres del Sur, Jesús Escobar –que también rechazó la ley- admitió la ampliación de derechos de la norma pero hizo eje en la falta de garantías para cumplimentarla.
Eduardo Benítez (UCR) rescató la jerarquización del CPE y que los derechos laborales de los trabajadores no se verán afectados por la aplicación de la ley. En tanto, Rodolfo Canini –FG NE- dijo que es la primera ley que sistematiza y organiza el sistema educativo provincial, a la vez que rescató la referencia de la ley orgánica de educación nacional, de la que se incorporaron varios lineamientos.