Neuquén.- Diputados de la comisión de Legislación del Trabajo y Asuntos Laborales comenzaron hoy a debatir una propuesta del Concejo Deliberante de Zapala que pide que la Legislatura modifique la Ley N° 2.750 que plantea la prioridad de contratación de mano de obra local en todas las obras públicas que realice la Provincia de Neuquén. Concretamente, los concejales de Zapala solicitan la modificación del artículo 2 inciso ‘c’ de la ley para que se priorice “un 80% de mano de obra local dentro del ejido municipal correspondiente, como así también que se compruebe que el trabajador contratado tenga domicilio legal en esa localidad con al menos 2 años de antigüedad”.
Los legisladores coincidieron al decir que si bien la intención de la propuesta es buena, en el fondo esconde ‘cierta discriminación’ porque, de modificarse la ley, quedarían sin poder acceder los trabajadores de ejidos colindantes; en ese sentido Sergio Gallia (AN) señaló que en el caso de Taquimilán una parte del pueblo se encuentra fuera de su ejido y agregó que “muchas veces, por la complejidad de las obras, vienen a trabajar personas de otros lugares”.
El presidente del cuerpo, Damián Canuto (PRO), calificó la iniciativa de modificación de la ley como de “rebuscada, confusa y reglamentarista”, y anticipó que no acompañará con su voto el despacho. Con respecto a la discriminación, consideró injusto que quien no esté radicado en el lugar no tenga derecho a participar en una obra de envergadura; del mismo modo, “tampoco lo podría hacer un vecino inmediato a ese ejido2, reflexionó el legislador.
En tanto María Laura du Plessis (MPN) coincidió en la necesidad de proteger el trabajo provincial, no obstante calificó al tema de “un poco complejo”, dado que con la modificación se protegería a determinada población neuquina. Su par de bancada, Maximiliano Caparroz apuntó a que la propuesta “está enmarcada en la futura construcción de Chihuido y no es bueno acotar sólo el trabajo a una localidad y dejar las demás afuera”. Por caso mencionó a Cutral Có, “desde donde de manera más corta se llega hasta Chihuidos; y también hacia zonas aledañas como Bajada del Agrio y otras localidades que se verían perjudicadas ante la construcción de esta obra”.
Santiago Nogueira (Libres del Sur) dijo que el “objetivo es entendible”, ya que daría mano de obra a los jóvenes del lugar y no se verían obligados a emigrar a otros lugares de la Provincia ante la falta de oportunidades laborales; pero “deberemos discutir el porcentaje y tener en cuenta el ejido y las zonas aledañas para que no termine siendo un obstáculo para las localidades”, acotó el diputado.
Por el bloque PTS-FIT se manifestó crítico el diputado Raúl Godoy al considerar la propuesta como “demasiado reglamentarista y estricta en sus porcentajes y dejaría afuera a otros ejidos poblacionales”. Agregó que afectaría “tanto a los coprovincianos como a la gente que viene a trabajar de otros lugares del país, sin tener en cuenta que tanto ésta provincia como la Nación se conformaron con inmigrantes”.
Del mismo modo, el cuerpo también analizó hoy, una iniciativa que insta al Congreso de la Nación a discutir y sancionar un proyecto de ley que establece un régimen previsional diferencial para los trabajadores de cooperativas telefónicas que realicen trabajos riesgosos e insalubres. El proyecto de Comunicación pertenece a miembros de la Cooperativa COPELCO de Cutral Có, quienes presentaron la iniciativa junto a la diputada Patricia Jure (FIT) en junio de este año. El propósito es garantizar el ejercicio legal específico en atención a la defensa de la salud física, psíquica y mental de la profesión del trabajador en telecomunicaciones, “que redundará en una mejor atención de los servicios”.