Buenos Aires.- Cuatro años después de que la gestión K impulsó la expropiación de la ex Ciccone Calcográfica, la Justicia estimó que esa decisión política le costará al Estado por lo menos $ 300 millones.
La decisión quedó en manos de la Sala D de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, integrada por Pablo Heredia y Gerardo Vasallo, quienes confirmaron así la decisión del juez de primera instancia Javier Cosentino e intimaron al Estado a depositar esos fondos «dentro del plazo de 30 días hábiles a contar a partir de la notificación al Ministerio de Economía».
El gobierno de Cambiemos se resiste a liberar esa partida multimillonaria, por lo que los abogados de la AFIP ya apelaron el fallo judicial con la esperanza de que la Corte Suprema de Justicia revierta la sentencia.