Neuquén.- La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina- AMMAR, junto a distintas organizaciones presentó un proyecto de ley que regula el trabajo sexual dentro del territorio de la Provincia del Neuquén. La iniciativa crea un Registro Único de trabajadoras sexuales que dependerá de una secretaría provincial de protección al trabajo sexual.
Entre otros puntos, habilita un 0800 para denunciar casos en los que un tercero esté obteniendo rédito de la prostitución ajena, delito penado por la ley.
El proyecto establece que para obtener el carnet habilitante las personas interesadas deben ser mayores de edad y presentar un certificado de aptitud psicofísica que incluye una entrevista con un psicólogo «capaz de garantizar la efectiva y libre manifestación de consentimiento para ejercer el trabajo sexual”.
Además, debe tener el ciclo de estudios obligatorios completos o certificación semestral que constate que se encuentra realizándolo, y debe aprobar un curso habilitante sobre legislación sobre trabajo sexual, derechos humanos, derecho laboral y penal, adicciones y educación sexual.
En sus fundamentos, el documento indica que «trabajo sexual no es trata”, y que la falta de un marco normativo somete a quienes ejercen el trabajo sexual a la clandestinidad, marginalidad y a situaciones de vulnerabilidad social.
El proyecto determina que la ley 12.331 sobre profilaxis prohíbe los locales donde se ejerce la prostitución y establece sanciones para quienes los regenteen, pero no el ejercicio del trabajo sexual en un ámbito privado, de forma individual e independiente, «sin afectar el orden público, la moral y las buenas costumbres.”
Cita, a su vez, algunos artículos del Plan Nacional contra la discriminación, aprobado por el decreto N°1086/2005, del entonces presidente Néstor Kirchner, que promueve una ley tendiente a amparar a las mujeres trabajadoras sexuales, reconociendo su derecho a jubilación y seguridad social. Además, garantiza su derecho de asociación y otorga personería jurídica a las organizaciones que promuevan la protección y defensa de los derechos de este colectivo.