Estados Unidos.- Ayer, el juez Thomas Griesa, dictaminó que los tenedores de deuda argentina, mediante 15 demandas que exigen el pago total por los bonos en default desde 2002, fueron tratados de manera desigual a los acreedores que participaron en las reestructuraciones.
El magistrado concluyó que Argentina no había dado nuevos argumentos para justificar el trato diferencial a varios acreedores similares que tenían USD 5.400 millones en bonos incumplidos. Estos reclaman «trato igualitario» y buscan la misma compensación que otros fondos buitre que lograron mediante un dictamen una orden para que la Argentina pague 1.330 millones de dólares más intereses.
Así, el total de lo que estaría ingresando en el juicio por pari passu suma alrededor de USD 10.000 millones. Esto es tomando las 60 inversores que ya están en la lista para beneficiarse del fallo de Griesa.
Esto es lo que finalmente tendrá que solucionar el Gobierno que asuma luego de las elecciones. Sucede que el kirchnerismo dilató la situación para sentarse a negociar con los holdouts precisamente porque no estaban «todos».
El Gobierno actual calcula que las demandas en los tribunales de EEUU alcanzarían USD 20.000 millones. Hay otros acreedores en instancias inferiores que seguramente ingresarán en la sentencia del juez en el corto plazo. Más aún porque desde el Ministerio de Economía, con Axel Kicillof a la cabeza, no hicieron demasiado para «consolidar» las demandas en una sola.
Así, no sólo en el tiempo crecerá el monto total del juicio por pari passu (que arrancó en 1.300 millones de dólares a favor de Elliott Management) sino los intereses que se vienen acumulando por la sentencia. Esto es, la actualización del capital a una tasa de interés más el punitorio por haber retrasado el pago de las obligaciones.