Neuquén.- La comisión de Desarrollo Humano y Social recibió ayer al fiscal general de la provincia, José Gerez, en el marco del tratamiento del proyecto de ley de creación del ‘Registro Provincial de Personas Violentas’.
La iniciativa del jefe de fiscales, dispone que la inscripción se hará por orden judicial cuando la persona no cumpla con las medidas ordenadas por el juez interviniente, en el marco de las leyes N° 2212 de Violencia Familiar y 2786 de Violencia Contra las Mujeres. En la ocasión, Gerez dijo que la presentación fue oportuna con la convocatoria nacional de acceso a la justicia. Acotó que desde diciembre del 2012 tienen una Fiscalía especializada en materia de género y delitos sexuales y que desde el ministerio Público Fiscal “concebimos siempre el ataque al género como un ataque sexual y viceversa”. Consideró que el registro es la “manera más eficiente de hacerle pasar a una persona vergüenza social”.
Ricardo Rojas –MID-, presidente del cuerpo, anunció que la próxima semana el cuerpo recibirá a representantes de la Comisión Interinstitucional que colaboran en la implementación de la ley 2785 – Régimen de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar-, formada por representantes de los tres poderes del Estado y especialistas del tema.
A lo largo de su exposición, Geréz señaló que “muchas veces una denuncia de género puede llegar a no ser delito” y por caso, mencionó el agravio verbal sistemático y permanente, que no está encuadrado en ningún delito penal, salvo que haya una amenaza de muerte, una coacción de por medio. No obstante, explicó que desde la fiscalía se da curso a todas las denuncias de género aunque no configuren delito. Lo hacemos, añadió, a través de medidas cautelares que establecen las dos leyes, y que los fiscales las ordenan de manera inmediata con el objetivo de hacer cesar la violencia.
Explicó que ante la presentación de una denuncia por violencia de género, más allá que sea o no delito, el fiscal recibe un llamado de la policía e inmediatamente interviene con alguna de las medidas que dice la ley, luego, se deriva al juez competente en la materia que corresponda, ya sea si se trata de violencia laboral, institucional, familiar.
Dijo también que en la Fiscalía de Delitos Sexuales y Violencia de Género y Doméstica trabajan 3 fiscales para “dar respuesta rápida y eficiente” y recordó que en 2013 sancionaron una Resolución que tiene que ver con la prohibición de hacer suspensiones de juicio a prueba en materia de delito sexual. “A la víctima se la bastardea en su dignidad con ofrecimiento de montos irrisorios para hacer acuerdos; entendimos que la dignidad de la mujer no tiene precio”, agregó el funcionario.
Sobre el proyecto del registro explicó que “hace foco en el ser violento”, con el objetivo de tratar con especialistas dicho “trastorno de la personalidad”. Afirmó que “el violento busca en otra persona descargar una situación que no tiene resuelta en la vida, que lo hizo ser violento. Por eso consideramos que la medida más idónea es el tratamiento psicológico para ver si a la persona la podemos hacer cambiar”.
Recordó que un medio de prensa publicó que existen 3 centros habilitados, con 150 personas ordenadas a hacer un tratamiento y sólo lo cumplen 10. Concluyó que la creación del registro no tiene antecedentes a nivel nacional y que la idea del mismo es que funcione sólo si la persona no realiza voluntariamente el tratamiento y también estará disponible a consultas de empleadores.
Consultado por capacidad operativa dijo que los 3 fiscales están en la primer circunscripción y en el interior de la provincia hay fiscales multifueros. Mientras que en Vaca Muerta interviene un fiscal interino que viaja todos los viernes para el lugar con buena recepción de la comunidad. Anticipó que pedirá a la Legislatura el nombramiento de un fiscal definitivo que resida en el lugar de manera permanente y, en ese sentido, prometió estadísticas.
Por su parte, el diputado Rodolfo Canini –FG NE- dijo que: “la violencia hay que abordarla de todas maneras, en forma coercitiva como en este caso” y consideró que muchas veces el entorno también genera violencia. Dijo también que le gustaría conocer estadísticas en la provincia de violencia hacia los niños. Beatriz Kreitman – CC ARI- apoyó la iniciativa al decir que “cualquier proyecto que tienda a hacer visible una situación de violencia es bueno y también que se haga público”, no obstante, dijo, “me preocupa la falta de cumplimiento de las buenas leyes que tenemos”. Gabriela Suppicich –FIT- expresó que “los mismos jueces no cumplen con las leyes, por lo cual no se puede avanzar para prevenir la violencia y no llegar a femicidios”.
Pamela Mucci –FyPN- acordó con “sancionar la violencia” y pidió que el Ejecutivo capacite al personal que toma una denuncia y colabore en la difusión de estas leyes. En cuanto al Poder Judicial pidió ponerse de acuerdo con los Juzgados de Familia y que el juez haga el seguimiento necesario a través de los hospitales. María Angélica Carnaghi –MPN- dijo que los casos de violencia, a pesar de contar con leyes y dispositivos, se han incrementado tanto en escuelas como en el hogar. Por último dijo que se licitaron desde Coordinación de Gabinete la compra de botones antipánico.