Neuquén.- Políticos en actividad, de diferentes lineas políticas de Neuquén, propusieron una iniciativa que busca implementar exámenes toxicológicos obligatorios a funcionarios públicos de la provincia.
En la Legislatura, los diputados de Unión por la Patria, Darío Peralta y Darío Martínez, presentaron un proyecto de ley que establece exámenes toxicológicos para los funcionarios de los tres poderes del estado.
El texto determina que quedan sujetos a la obligatoriedad de los exámenes, que deberán realizarse de manera anual, el gobernador y vicegobernador, los ministros, secretarios, subsecretarios y demás funcionarios de jerarquía equivalente del Poder Ejecutivo, los legisladores provinciales, magistrados del Poder Judicial y el personal de las fuerzas de seguridad y del servicio penitenciario de la Provincia.
Se prevé que los resultados sean confidenciales, conforme a lo establecido en la Ley Nacional N° 25.326 de Protección de Datos Personales, y de hallarse la presencia de sustancias ilegales, la persona deberá someterse a un tratamiento adecuado.
A su vez, en el proyecto se establece que las sanciones por incumplimiento serán la suspensión temporal del cargo hasta la regularización de la situación del funcionario y la remoción definitiva en caso de reincidencia o negativa injustificada a someterse a los exámenes requeridos.
En el Concejo Deliberante sucede algo similar. El edil Joaquín Eguía, de Fuerza Libertaria, presentó un proyecto de ordenanza para que todos los funcionarios de alto rango del municipio, incluyendo intendentes, concejales y secretarios, se sometan a exámenes de drogas.
La norma establece que los funcionarios deberán someterse a análisis para detectar sustancias como cocaína, marihuana, heroína, fentanilo, ketamina y otras drogas psicoactivas.
En caso de dar positivo, se les ofrecerá la posibilidad de realizar una contraprueba y, si se confirma el consumo, se aplicarán sanciones que pueden ir desde la suspensión sin goce de sueldo hasta la intervención del Concejo Deliberante en el caso de funcionarios electos.
En ambos casos, los dirigentes afirmaron que las iniciativas no buscan criminalizar a quienes padecen adicciones, sino generar herramientas para su recuperación y además proporcionar respeto a las instituciones democráticas con funcionarios saludables.