Un grupo de vecinos que adquirieron terrenos a la cooperativa 127 Hectáreas en Neuquén se manifestó frente a Casa de Gobierno en busca de soluciones ante la incertidumbre sobre sus lotes y viviendas. En respuesta, fueron recibidos por funcionarios provinciales, quienes se comprometieron a brindar información sobre la documentación en poder del Instituto de Vivienda y la cooperativa.
El abogado Mariano Mansilla, quien representa a muchos de los damnificados, explicó en una entrevista en «Mañanas en Red» la compleja situación que afecta a miles de familias que llevan más de una década pagando por una vivienda. Según detalló, alrededor de 500 personas han iniciado acciones legales, pero el número de afectados es mucho mayor. «La cooperativa llegó a tener 10.000 socios en 2015, y aunque hoy la cifra se redujo a 7.000, el problema persiste porque muchas familias continúan pagando cuotas sin haber recibido su terreno o vivienda», señaló.
El conflicto se origina en la falta de entrega de escrituras y en la venta de terrenos sin infraestructura básica. En particular, un grupo de 500 familias compró lotes en la meseta bajo la promesa de que contarían con servicios, pero el predio adquirido no está habilitado para urbanización. «Algunas personas incluso pagaron por casas prefabricadas que nunca fueron entregadas», agregó Mansilla, calificando la situación como un claro caso de estafa.
A nivel judicial, se presentó una acción penal y una acción civil. Aunque aún no se ha embargado formalmente a la cooperativa, ya se dictó una inhibición general de bienes, lo que impide la venta de propiedades hasta que se resuelva el conflicto. «El monto total del perjuicio es millonario. Estamos hablando de 2.000 familias que pagaron por sus viviendas y otras 500 que adquirieron lotes sin servicios», explicó el abogado.
Otro punto de controversia es el mecanismo de devolución de dinero implementado por la cooperativa desde 2015. Según Mansilla, a quienes solicitaron un reembolso solo se les devolvió una fracción del capital abonado, descontando costos administrativos, lo que generó aún más malestar entre los afectados.
La intervención del gobierno provincial podría ser clave para buscar una solución que garantice la entrega de lotes con infraestructura. «Hay que trabajar con el municipio y la provincia para que estas familias puedan obtener lo que les corresponde», concluyó Mansilla, resaltando la necesidad de una respuesta urgente para evitar que más personas sigan siendo perjudicadas.
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