El gobierno nacional plantea distintos cambios estructurales en la sociedad; muchos tienen que ver con lo económico; pero muchos más tienen que ver con derechos adquiridos sobre todo de sectores más vulnerables.
Ahí entran los de las mujeres; los que protegen la vida, la integridad y la dignidad de la mitad del pueblo. Ojo que no somos «minorías». También entran los de quienes eligen alguna manera de manifestarse o amar que no entre en la «cajita feliz» de Dios, Patria y Propiedad.
Me quedo en la figura penal de femicidio. La ley 26.791, sancionada el 14 de noviembre de 2012, reformó el artículo 80 del Código Penal para criminalizar de modo agravado los homicidios vinculados con la violencia por razones de género. Hasta entonces nos trataban con «igualdad» ante los hombres.
Quienes defienden esta intención de sacar la figura de femicidio apelan a una supuesta igualdad.
Pero esta igualdad es una trampa conceptual, porque no llegamos a los estrados judiciales ni a los escritorios policiales de la misma manera. Desde que nacemos se nos imponen mandatos sociales que nos dejan en desigualdad. No podemos salir a la calle con la misma libertad que los hombres, no ganamos el mismo dinero por la misma tarea, no los discriminan por ser madres o querer serlo, no se sobreentiende que tienen que cuidar niños/as, personas mayores o con discapacidad y así podemos seguir.
La violencia de género se basa justamente en esas desigualdades; nos matan porque (creen) que pueden, porque un sistema social suponía que «una cachetada no le va a hacer nada». Y cabe acá aclarar (como si hiciera falta) que la violencia es repudiable siempre, sea quien sea la víctima.
Cierro con la frase de la filósofa feminista Simone de Beauvoir: «No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida».