Buenos Aires.- El Gobierno nacional envió al Senado el «proyecto de ley Emergencia Covid» que establece parámetros sanitarios, epidemiológicos y demográficos a tener en cuenta para definir las acciones de mitigación viral, y determina las facultades del presidente y de los gobernadores para dictar «medidas de cuidado de la población».
El pasado 30 de abril, durante la presentación del Decreto de Necesidad y Urgencia que actualmente rige en todo el país, el presidente, Alberto Fernández, había anunciado el envío al Congreso de una iniciativa legislativa que, «en función de criterios científicos claros y precisos», facultara al Ejecutivo nacional y a los gobernadores «a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional».
La propuesta del Ejecutivo propone «reglas generales para todo el país en las que se incluyen medidas de prevención, como uso obligatorio de barbijo, ventilación; y luego, la segmentación por riesgo epidemiológico».
En las zonas de bajo riesgo, «se aplican las conductas generales de prevención». En lugares designados como «riesgo medio», aparecen otras restricciones como las reuniones en casas particulares. En aquellos que estén en «alto riesgo, se agrega por ley, la prohibición de las reuniones familiares, el cierre de salones de fiesta y de salones gastronómicos, prácticas recreativas en lugares cerrados, bingos, reuniones religiosas y restricciones adicionales de circulación».
«También se plantean medidas adicionales por parte de los gobernadores. Si las medidas no funcionan tras 21 días, se da potestad al Gobierno nacional para tomar medidas para evitar pasar a alerta», señalaron las fuentes.
En esa situación es «el Poder Ejecutivo quién está autorizado a tomar medidas adicionales», entre ellas, que «quede suspendida la presencialidad hasta que se pase a un estado inferior» de peligro.
Según el proyecto, el «estado de alarma» solo puede regir para conglomerados de más de 300 mil habitantes, mientras que en los lugares de menos de 40 mil se aplican las reglas generales y las decisiones adicionales de gobernadores.
El Gobierno prevé un tratamiento urgente de la Ley, ya que pretende la entrada en vigencia «desde el 22 de mayo», fecha de caducidad del actual DNU, y que se duración alcance hasta el 31 de diciembre de 2021, fecha en que vence la actual Ley de Emergencia Sanitaria.