Buenos Aires.- Distintas organizaciones empresariales ligadas a las telecomunicaciones analizan ir a la Justicia contra el DNU firmado por el presidente Alberto Fernández, que congela los precios hasta diciembre.
Las compañías aseguran que la medida es inconstitucional y que debería haber sido tratada en el Congreso de la Nación.
Maryleana Méndez, secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), habló de los perjuicios económicos que trajo el anuncio para las empresas.
«Sube el riesgo de las inversiones, aumenta el costo del financiamiento y dificulta el acceso a créditos», afirmó y agregó: «Vemos el decreto con preocupación porque pone en riesgo las inversiones, mientras que en países como Chile y Colombia se busca facilitar estos despliegues».
En tanto, la GSMA, la asociación que agrupa a operadores de telefonía móvil de todo el mundo, opinó: «Las medidas que modifican las estructuras de precios en mercados en competencia con una proporción de insumos dolarizados resultan regresivas en materia de inversión, infraestructura digital y nuevas tecnologías. Las disposiciones ponen en riesgo la calidad de los servicios y la ampliación de la conectividad, logrando aumentar la brecha digital».