Es cierto que el anuncio sobre el acuerdo del canje la deuda ha sido una buena noticia para Argentina. De todas maneras, también es verdad que haber cumplido el objetivo no quiere decir que las cosas se hayan hecho bien, sobre todo lo que respecta al manejo de la negociación por parte del Gobierno Nacional. No podemos dejar de decir que se perdieron 8 meses negociando para lograr un acuerdo con condiciones muy similares a las que los bonistas pretendían desde el minuto cero.
Suponiendo que también se logre canjear los bonos en moneda extranjera con legislación nacional, se espera un alivio entre el año 2020 y 2023 de nada menos que de U$D51.600 millones para el Gobierno Nacional, ya que de tener que afrontar vencimientos por U$D54.800, sólo se deberá desembolsar algo más de U$D3.200 millones durante ese lapso. A partir del 2025 el panorama cambia radicalmente y por los siguientes diez años (hasta el 2035) el vencimiento anual promedio para Argentina será de U$D11.500 millones.
El Gobierno logró quitarse la mochila por unos años, pero para determinar realmente si el peso de la deuda es sostenible intertemporalmente se deben mirar tres aspectos: el tamaño de los futuros vencimientos, la tasa de crecimiento de la economía y el tamaño del déficit fiscal. Son estas variables las que dan la pauta sobre si un país podrá o no hacer frente a sus compromisos de deuda futuros.
Es por este motivo, por ejemplo, que a los países de la Unión Europea se les exige un tope de déficit fiscal de hasta 2% del PIB. La razón es sencilla: como estos países en promedio crecen más o menos 2% por año, tener un déficit proporcional a su crecimiento les garantiza no sufrir sobresaltos a la hora de colocar nueva deuda. Es decir, para que un país con déficit pueda pagar su deuda sin inconvenientes debe compensar el agujero fiscal con crecimiento económico.
En Argentina la realidad es bien distinta. De acuerdo al Proyecto de Ley que pretende modificar el Presupuesto Nacional 2020, para fin de año el Estado Nacional espera acumular un déficit financiero de $3 billones de pesos, eso equivale aproximadamente al 10% del PBI. El número es sumamente preocupante y la historia argentina dice que tamaño déficit es sinónimo de crisis.
Por otro lado, a este estructural y abultado déficit se le suma el pésimo desempeño económico del país de los últimos años fruto de la elevada presión tributaria, de la alta inflación, de la inseguridad jurídica y del exceso de regulaciones a la actividad privada (69 mil regulaciones para ser más exacto). Para este año, de acuerdo a las últimas proyecciones del FMI, se espera una caída de 9,9% del PBI argentino.
El panorama no es justamente festivo, no queda más que decir que la renegociación de la deuda es sólo uno de los tantos desafíos que tiene el Gobierno por resolver. Difícilmente podamos esperar crecimiento económico sostenido sin un plan integral que permita corregir inconsistencias fiscales y monetarias a la vez que se lleva adelante un proceso de desburocratización y desregulación poniendo en práctica las instituciones de la Constitución Nacional del 53.
El acuerdo exitoso con los acreedores es necesario, de eso no hay dudas, pero también es justo decir que no es suficiente para cambiar el rumbo económico de Argentina. Si el actual Gobierno no comienza a trabajar en reformas de fondo bien enfocadas con el objetivo de hacer crecer la economía de manera genuina (o sea, a través el sector privado y no del Estado), en cinco años habremos fracasado y un próximo gobierno se encontrará renegociando otra vez con los acreedores.
Juan Manuel Morález, economista